De los periódicos…
Publicado en: www.elperiodico.com
Las autoescuelas piden que la Guardia Civil sustituya a los examinadores en
huelga
Un tercio de los
profesores deberán ser despedidos de manera temporal si no se resuelve el
conflicto
Los funcionarios
recuerdan que la DGT acumula "tres años de incumplimiento" de un
acuerdo escrito
Si pueden controlar los accesos a un
aeropuerto, también son capaces de ejercer como examinadores del carnet
del conducir. Las autoescuelas catalanas han presentado este jueves
una batería de propuestas para hacer frente a la nueva huelga de
evaluadores que se les viene encima. Proponen que la Guardia Civil examine
a sus alumnos. Pueden hacerlo porque, dicen, "tienen formación en
seguridad vial". Y si es menester, que los militares en la
reserva sean aleccionados para realizar las mismas tareas. Ya a
más largo plazo, que el Estado traspase las competencias a
las autonomías para que cada casa limpie su ropa sucia.
El colectivo de autoescuelas considera que el "colapso"
está cerca si los examinadores -trabajadores públicos- y
la Dirección General de Tráfico no alcanzan un acuerdo que
ponga fin a las movilizaciones que, según el gremio, ya han paralizado,
desde el pasado junio, cerca de 53.000 exámenes en toda
España, 8.000 en Catalunya. El nuevo paro, de tres días a la semana durante
todo septiembre, empieza el lunes. Y si la cosa no se resuelve pronto, calculan
que un tercio de los profesores, un millar, se verán abocados a un expediente
de regulación temporal de empleo, esto es, despedidos hasta nueva
orden.
Negocios cerrados
Joan Sala, vicepresidente de la Federación de Autoescuelas de
Catalunya, ha reclamado al Estado celeridad en la negociación.
Pero al margen de resolver la huelga, ha instado a incrementar el
número de examinadores en 30 efectivos más. "A día de hoy
son poco más de 110, una cifra absolutamente insuficiente para
hacer frente a los 150.000 exámenes que se realizan cada año en
Catalunya". Durante la rueda de prensa, realizada en la sede de la patronal PIMEC, Jaume
Valls, portavoz de la plataforma 'las autoescuelas dicen basta', ha
asegurado que 100 negocios vinculados al carnet de conducir ya han tenido que cerrar
en toda España. "Si la huelga no termina antes del 15 de septiembre, serán
200".
Por todo ello, si ninguna de las propuestas sale
adelante para solucionar el paro sindical, las autoescuelas catalanas también
tienen previsto solicitar al Estado que se plantee la posibilidad de privatizar
el servicio de examinadores. Otro de los caballos de batalla es
el incremento de efectivos. A día de hoy son 774 y está previsto
que antes de terminar el 2018 se hayan convocado un centenar de plazas
más.
Una "carnicería"
Gustavo Palma, delegado en Catalunya de la Asociación
de Examinadores de Tráfico (Asextra), lamenta las incomodidades que están
generando a autoescuelas y alumnos, pero recuerda que esta situación se produce
"tras dos años de incumplimientos reiterados por parte de
la DGT". El conflicto entre Tráfico y los examinadores
se centra en una demanda de incremento salarial de cerca de 250 euros mensuales (el sueldo actual neto es de
1.250 euros en 14 pagas).
Según los funcionarios, Tráfico se comprometió por
escrito al aumento en
el 2015, pero
aquella firma de poco sirve sin la rúbrica de Hacienda, que nunca ha llegado.
"Nos han dado la razón tres directores generales de tráfico, pero todavía
no hemos visto ni un duro". Sobre la posibilidad de que la Benemérita se
haga cargo del trabajo, Palma considera "más sensato" intentar negociar una salida pactada. "La
Guardia Civil tiene tareas más importantes. No debemos olvidar que estamos
hablando de 2,5 millones de euros anuales", ha sostenido el delegado de
Asextra.
En el caso de que se cierre el conflicto en los
próximos días, calculan que la situación no se podrá normalizar hasta Semana
Santa. Pero si se alarga, lo tienen claro: "Generará un colapso
en la profesión, una carnicería de autoescuelas sin
precedentes en nuestro país". Según cálculos de la Confederación Nacional
de Autoescuelas (CNAE), las pérdidas económicas por los paros de junio y julio
ascienden a 42 millones de euros.
