Los hechos
denunciados ante la Agencia de Protección de Datos se remontan a abril de 2015
y fueron consecuencia de la agresión y vejaciones que un funcionario examinador
de Granada había sufrido unos días antes, mientras ejercía con su labor
oficial. Ante la gravedad de estos hechos, se acudió al Juzgado de Instrucción
nº 5 de Granada.
Incomprensiblemente,
los datos del funcionario denunciante fueron enviados en la citación al
denunciado, haciéndole llegar incluso su dirección y teléfono particular. A
partir de ese momento, el examinador empezó a recibir llamadas y contactos del
entorno del alumno denunciado, "viéndose afectada no solo la intimidad y
datos personal del funcionario, sino también su propia seguridad y la de sus
familiares que viven en el domicilio facilitado por el Juzgado al denunciado".
Al conocer
la Junta Directiva de ASEXTRA esta gravísima situación, el presidente de la
Asociación, Joaquín Jiménez Murillo, junto con el compañero afectado
procedieron a denunciar al mencionado juzgado para que estos hechos además de
no quedar impunes, no se volvieran a producir en ningún otro funcionario
perteneciente a este colectivo.
Ahora, en
una resolución inédita de la Agencia de Protección de Datos recibida esta
semana, se da la razón a esta Asociación y se insta al Consejo del Poder
Judicial para que abra expediente sancionador al citado Juzgado instructor y a
las personas que participaron en ese expediente con el fin de depurar responsabilidades
en un caso tan grave.
Esta
resolución en la que se admite, por denuncia de ASEXTRA, que el Juzgado de
Instrucción Nº 5 de Granada ha infringido el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de
Protección de datos, será comunicada también, además de al Consejo del Poder
Judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Defensor del
Pueblo.
Se abre
además la vía para que el funcionario víctima de este suceso pueda pedir una
indemnización por los problemas personales y profesionales que esta grave
negligencia le ha podido ocasionar.
Fuente:
ASEXTRA