Me he hecho muchas veces la
siguiente pregunta: ¿le interesa hoy a las autoescuelas que se privaticen los exámenes
de conducir en España?
Hace tiempo que dejé la actividad
por jubilación y soy consciente de que no tengo los elementos de juicio necesarios
para emitir una respuesta objetiva. Pero, siempre he pensado que como puede
haber intereses particulares enfrentados, mejor sería que la responsabilidad de
evaluar a los futuros conductores fuera del Estado, es decir, siguiera siendo
una facultad atribuida a funcionarios públicos, pagados por todos y no por
empresas privadas. Eso sí, siempre que esta función pública fuera más eficaz y
eficiente que hasta ahora y no perjudicase a un colectivo tan sufridor como el
de las autoescuelas y que tanto ayuda a la mejora de la seguridad vial.
De los periódicos
07/03/2017
¿Se van a privatizar los exámenes de conducir?
Las autoescuelas denuncian
que la falta de examinadores públicos está retrasando las pruebas de
circulación de los alumnos, que acuden “peor preparados”.
¿Es posible que se
privaticen los exámenes de conducir? Desde hace más de
quince años, los principales implicados en el sector de las autoescuelas y los
responsables de la Jefatura General de Tráfico barruntan
esta cuestión. Aún más después de la falta de examinadores públicos que deja la
crisis.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora que los partidos se han hecho eco de los
rumores o insinuaciones. El Partido Socialista preguntará este
martes al Gobierno si está en condiciones de asegurar que no se externalizará
la prestación del servicio de exámenes de conducir.
Una pregunta acorde al estado en el que
se encuentra el sistema estatal de exámenes de circulación. Por voluntad,
dejadez o imposibilidad de hacer otra cosa, el caso es que cada vez hay menos
examinadores públicos, y por lo tanto, más alumnos para cada examinador que
queda.
La jubilación y la política de reposición cero han
provocado esa pérdida de trabajadores públicos, de la cual deriva los retrasos
en los exámenes de conducir. Como informa la Confederación
Nacional de Autoescuelas (CNAE), “cuando un alumno suspende,
debido al escaso número de examinadores, no puede volver a realizar la
pruebas hasta pasados un par de meses".
Esto está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas autoescuelas, que demandan
más examinadores para generar un círculo alumnos-clases-examen más fluido. A
priori, podrían estar a favor de la privatización de los exámenes, como la ITV.
Sin embargo, insisten en que su voluntad prioritaria no es la privatización.
“No estamos pidiendo la privatización, que, por cierto, ha hecho el
ministerio de Interior con la seguridad en los aeropuertos españoles (y eso que
existe la amenaza omnipresente del terrorismo internacional). Lo que exigimos
es que se dé al ciudadano el servicio por el que paga unas tasas de más
de 90 € y del que, por si fuera poco, depende la supervivencia de
unas 30.000 familias dedicadas a la formación vial”, afirma la CNAE.
Según los datos que maneja la Confederación Nacional de Autoescuelas, los
retrasos en las pruebas de circulación hacen que los alumnos dejen de dar
clase, con lo que acuden al examen “peor preparados”. De hecho, el
número de suspensos está creciendo, “por lo que el permiso termina por
salirle más caro a muchos nuevos conductores", asegura.
Entre los responsables del sector hay quien piensa que esta dejadez
gubernamental es una estrategia para legitimar la privatización. En
declaraciones a varios medios de comunicación, algunos responsables de
autoescuela creen que el Gobierno pretende desprestigiar el sector para poder
privatizarlo sin grandes complicaciones, algo que han negado en repetidas
ocasiones desde la DGT.
En cualquier caso, tal y como recogió la Agencia EFE, muchos
empleados de las autoescuelas se muestran favorables a una colaboración
público-privada.
De los periódicos
07/03/2017
El Gobierno
no externalizará los exámenes de conducir
El
ministro del Interior asegura que el retraso medio para las pruebas en estos
momentos es de doce días
El Gobierno no externalizará el servicio de exámenes de conducir,
según aseguró el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que subrayó que el retraso medio para hacer las pruebas es de doce días y ha anunciado que se baraja la creación de una escala técnica de examinadores.
Zoido respondió así en el Senado a una pregunta del PSOE sobre si el Gobierno está en
condiciones de asegurar que no externalizará la prestación del servicio de
exámenes de conducir.
«El Gobierno está absolutamente en condiciones de
asegurar que no se va a externalizar en modo alguno», respondió el ministro a
la senadora socialista Carmen
Iglesias, a la que ha explicado que el retraso medio en los exámenes de conducir que se registra en España es de doce
días.
El ministro
anunció que el Gobierno está barajando a día de hoy crear una escala técnica
propia de examinadores, algo que actualmente se negocia con las administraciones
públicas.
Ha añadido que
también está mediando para incrementar el complemento específico que reciben
los examinadores, aunque ha advertido que los presupuestos están prorrogados, y
que trabaja también en «el nombramiento de funcionarios interinos entre
colectivos ya preparados».
«De brazos cruzados»
«De brazos
cruzados nada. Hay un trabajo continuo desde el Ministerio del Interior y desde
la DGT para mejorar las condiciones y la calidad de las pruebas de actitud»,
dijo Zoido.
Recordó que, entre otras medidas, se ha creado la figura de los examinadores itinerantes,
que son profesionales que se desplazan durante once meses del año, aunque
especialmente en verano, y ha destacado que se
han publicado hasta cinco convocatorias para
examinadores.
El ministro
incidió en que el Gobierno está «formulando distintas opciones para resolver el
problema de la falta de reposición de los últimos años como consecuencia de la
situación que heredamos en 2011», en referencia al gobierno socialista.
Por su parte, la senadora Carmen Iglesias valoró la «rotundidad» mantenida por el ministro al asegurar que no se externalizará el
servicio, aunque ha criticado que se haya reducido el número de examinadores de
unos mil a unos seiscientos, aproximadamente.
Iglesias criticó asimismo que haya miles de personas pendientes de examinarse y que continúe un conflicto que afecta
a 900 pymes.
