En Francia, en los años veinte, examinaban a los aspirantes
al permiso de conducir unos ingenieros. Los exámenes eran dos, uno teórico
y otro práctico y estaban a cargo de los citados ingenieros de la Prefectura de
Policía. Estos exámenes, según los
cronistas, eran concienzudos y sin atender a ningún
favoritismo. El ingeniero que examinaba contraía una responsabilidad,
como asimismo el dueño del coche por la ineptitud del aspirante que se presentaba
a examen sin estar debidamente preparado.
Allá
por el año 1928, un día del frio invierno parisino, don M.P. se presentó en la
Prefectura para ser examinado. El ingeniero examinador don M.X. subió al automóvil con él. Se inició la prueba de capacitación y, durante la misma, el
aspirante a conductor atropelló a un peatón, al que hirió gravemente, falleciendo
poco después a consecuencia de las heridas sufridas.
La viuda
del fallecido reclamó ante los tribunales y éstos condenaron al aspirante a
conductor al pago de una indemnización
de 20.000 francos.
El
sentenciado pagó tal cantidad, pero luego se dirigió contra el Estado solicitando del mismo el
abono de aquella suma. Su letrado argumentaba que el accidente era imputable al
ingeniero que lo examinaba, acusándole de haberle obligado a circular por una
calle muy concurrida y de no haber exigido de él que llevara el auto por su derecha.
El
Consejo de Estado francés desestimó la
demanda, sin embargo, en el texto de su
resolución, dejó sentada la
doctrina de que, si bien en este caso no aparece probada la responsabilidad
del ingeniero, ya que el accidente fue debido a la falta de preparación
del que se examinaba, en otras
circunstancias cabría exigir tal responsabilidad.
Es indudable, se decía, que el aspirante a conductor no debe presentarse
a examen sin hallarse debidamente
preparado, pero no lo es menos que mientras realiza las pruebas se coloca bajo
la protección de quien ha de juzgarla. No es el caso de hoy, que queda bajo la
protección del sufrido profesor o profesora.
