sábado, 24 de octubre de 2015

EXÁMENES DE CONDUCIR, ¿GESTIÓN PÚBLICA O GESTIÓN PRIVADA?

No es la primera vez, ni será la última que se hable de privatizar los exámenes de conducir.

Las autoescuelas y sus alumnos están padeciendo, estas últimas semanas, las consecuencias de la huelga de examinadores. El  coste económico, a estas alturas, debe ser elevado, yo diría que muy elevado y muy difícil de soportar. Son empresas pequeñas, poco rentables y muy descapitalizadas. Este mes de octubre será bastante duro para muchas de ellas, por no decir para todas; deberán hacer frente al coste de la Seguridad Social y a otros gastos fijos que serán los mismo que los de otros meses, pero además deben pagar el IVA del trimestre y, si se han  constituido en Sociedad Limitada, creo que tienen que abonar un adelanto del impuesto de sociedades. De otro lado, este mes de octubre no habrá sido bueno, principalmente por esta huelga, y con toda seguridad  que los ingresos no superaran a los gastos. Las heridas que dejará esta huelga pueden ser mortales para muchas autoescuelas.

Recuerdo aquella huelga que se inició en la ciudad Condal el día 20 de Noviembre de 1978. Después de algunos días de negociaciones, entre sindicatos y representantes de las autoescuelas , sin llegar a consensuar acuerdo alguno, éstas acordaron llevar a cabo un cierre  patronal o Lock-out que duró hasta el día 7 de enero de 1979. Los centros reemprendieron el trabajo el 8 de enero de 1979. Así daba la noticia el periódico La Vanguardia:

De nuevo, exámenes para el carnet de conducir

En la mañana de ayer se reincorporaron al trabajo los empleados de autoescuelas de la provincia, después de una huelga que venía prolongándose desde el pasado día 20 de noviembre. La vuelta al trabajo se produjo después que empresarios y trabajadores llegaran el viernes a un principio de acuerdo para su convenio, referente a materia salarial, aumento en un cuarto de hora en la duración de las clases y la no existencia de represalias por parte de los patrones a causa de la huelga. El conflicto de autoescuelas ha sido uno de los que más duración han tenido en los últimos meses y ha afectado a los 4.000 trabajadores del sector de la provincia de Barcelona, lo que motivó la suspensión de los exámenes para el carnet de conducir. Se calcula que unos 13.200 alumnos, en estos días, dejaron de obtener el citado carnet de conducir, con las naturales repercusiones sociales, en especial en la venta de vehículos.

En aquella huelga no tuvieron nada que ver los examinadores; era ajena a ellos y no salieron perjudicados; era una huelga entre trabajadores y patronos; fue la primera en la historia de las autoescuelas españolas por temas laborales.

Aquellas pequeñas empresas supieron salir adelante y, con grandes sacrificios, consiguieron superar las grandes pérdidas económicas de aquellos días. En ésta, las autoescuelas son ajenas a la huelga pero victimas de ella y muy perjudicadas económicamente. Espero y deseo que finalice cuanto antes y las autoescuelas sepan salir adelante una vez más.

Por otro lado, esta huelga agravará aún más ese problema endémico que es la falta de examinadores. Yo diría que es un problema enquistado en la Dirección General de Tráfico y al que nadie ha querido o ha sabido darle solución y de tanto en tanto hace que emerja el debate de privatizar los exámenes. Su privatización tampoco es garantía de que no pudiera plantearse una huelga como ésta.

La privatización de la prueba del examen de conducir es una vieja reivindicación de algunos representantes de las autoescuelas. Es un tema recurrente y recurrido y  siempre motivado por la  misma causa: insuficiencia de examinadores. El que no lo crea así que se dé una vuelta por las hemerotecas.


¿Se hablaría  de privatizar si hubiera un número suficiente de examinadores y las autoescuelas examinaran con regularidad? En mi opinión, no. Creo que salvo excepciones (como pasa en todos los colectivos), los examinadores son buenos profesionales. Creo, también,  que el binomio profesor-examinador o examinador-profesor, que tanto monta, debería ser más de colaboración que de antagonismo y tener una formación común en muchos aspectos, no en vano persiguen objetivos paralelos que convergen al final del proceso: formar y acreditar conductores seguros. 





El hecho de que la prueba de examen de conducir sea de gestión pública o privada queda, en mi opinión, en un segundo plano. Personalmente me decanto porque sea pública siempre que los gestores públicos tengan la necesaria capacitación y motivación. Condiciones estas,que parece que no tienen algunos de los gestores de la Dirección General de Tráfico — por elevación del Ministerio del Interior—, y  que los representantes de las autoescuelas no han exigido con la suficiente contundencia durante tantos años. A los hechos me remito.

Los partidarios de la gestión privada o “externalización” argumentan en su defensa que una gestión privada obtiene mejores resultados que la pública (relación calidad / coste) porque es mayor su interés y motivación al entrar  en juego sus ganancias y beneficios.
Creemos que una excelente gestión pública igualmente aumentaría el volumen de ganancias y beneficios y que estos deberían revertir en un abaratamiento de las tasas por el servicio prestado (examen y expedición del permiso).
El problema no es tanto de gestión pública o gestión privada, el problema es gestionar bien o gestionar mal. Es evidente que las cosas no se han hecho  bien o no todo lo bien que hubiera sido necesario.

Si la gestión es privada y es  deficiente, ésta  se traduce en una menor calidad de servicio, en un aumento de pérdidas económicas y en un menor beneficio económico a repartir. Si, por el contrario, la gestión es pública, pero también es deficiente repercutirá  en una menor calidad de servicio y  en mayores costes y aumento de tasas, por no hablar del perjuicio que se ocasiona a las autoescuelas y a los aspirantes al permiso de conducir.

Si la gestión de los exámenes fuera correcta, si las cosas se hicieran bien, a la autoescuela, en nuestra humilde opinión, creo que le sería indiferente que dicha gestión fuera pública o privada, aunque me atrevería aventurar que sus preferencias estarían de parte de la gestión pública.
 De privatizarse, podemos imaginarnos por dónde irían las cosas, y como dice la canción: Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene... y, qué sé yo.




lunes, 19 de octubre de 2015

CAMBIO DE AUTOESCUELAS EN LA CONCESIÓN DE CURSOS PARA RECUPERAR PUNTOS

Publicado el 19/10/2015  en: www.lavozdegalicia.es/lugo/


Quitan la concesión a la autoescuela que daba puntos desde hace 9 años

La medida, que fue recurrida, afecta también a las de A Mariña y Monforte

La única autoescuela de Lugo que desde hace aproximadamente nueve años daba cursos que permitían a los conductores recuperar puntos del carné de conducir, se quedó sin la concesión.
La perdió porque la DGT la adjudicó, dentro de un gran paquete, a otro grupo diferente al que la tenía. Ese concurso, de carácter nacional, generó una fuerte polémica y tuvo una gran incidencia en la provincia. Según informaron varias fuentes, hay un recurso de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que era quien tenía la antigua concesión.
Como consecuencia de las nuevas adjudicaciones, también se quedaron sin la autorización las autoescuelas que   ofrecían los cursos en A Mariña, Monforte y Vilalba que pasa  ahora a otras diferentes. De todos modos, el nuevo reparto todavía no se aplica a los usuarios y, en opinión de los responsables de algunos centros, el cambio no comenzará a ser efectivo hasta principios de año.
En el sector hay controversia y polémica. No es de ahora. Desde la puesta en marcha del sistema de recuperación de puntos, mediante la intervención en cursos, se alzaron voces que apuntaban a que se había creado un gran negocio, pero abierto solo a unos pocos. Quedaba monopolizado y en manos de muy pocas autoescuelas. Concretamente a menos del tres por ciento a nivel nacional y, en el caso de la provincia de Lugo, a cuatro centros. En la capital, por ejemplo, cualquier conductor que precise puntos únicamente los podrá conseguir en los cursos que organiza una autoescuela. Esto pasaba antes y pasará en el futuro, a pesar de que la DGT optó por repartir la tarta.
Los centros formativos de educación vial que ofrecen los cursos en la provincia actualmente lograron la concesión porque se la dio la Confederación Nacional de Autoescuelas, que fue quien obtuvo la adjudicación general en el año 2006. Sin embargo, debido a las grandes críticas por la monopolización del servicio, la DGT decidió convocar un concurso y dar entrada a organizaciones que estuviesen interesadas. Una primera convocatoria fue recurrida y posteriormente anulada.
Fue la siguiente, de marzo de este año, la que sirvió para resolver el nuevo concurso. En este sí hubo más adjudicatarios, pero el beneficio para el usuario en la provincia es nulo porque el número de autoescuelas que ofrecen los cursos es el mismo que antes, es decir Lugo, A Mariña, Monforte y Terra Chá. El único cambio es que, a partir de ahora, serán otras las que ofrezcan los puntos.
Lo que hizo la DGT fue dividir en cinco zonas el territorio nacional en el que tiene competencias y las sacó a concurso. Tres de esas partes las mantiene la Confederación Nacional de Autoescuelas (CENAE), que concurrió en una UTE con otras empresas, pero los otras dos fueron para la Fundación UNED y la consultora Pons Seguridad Vial, una empresa que tiene como matriz la Editorial Pons. A esta le correspondió Galicia, Asturias y Cantabria. Y en el caso de Lugo, Pons fijó como centros de reparto de puntos uno en Augas Férreas, otro en una autoescuela de Burela (antes era una de Foz) y también repartió permisos a otras dos nuevas de Vilalba y Monforte.
Desde hacía nueve años, en Lugo los puntos se conseguían en la Autoescuela Avenida que, en los últimos tiempos, pasó a transformarse en Avecus. De momento sigue ofreciendo los puntos.
Al parecer fueron presentados recursos y la DGT le solicitó por escrito a la CENAE, adjudicataria del anterior concurso, que prorrogue el mismo hasta finalizar este mes.
Los conductores de Lugo sólo tienen disponible un centro de formación


martes, 13 de octubre de 2015

EL CÓDIGO PENAL Y LOS INGENIEROS EXAMINADORES

LA RESPONSABILIDAD DE LOS INGENIEROS EXAMINADORES EN AQUEL CÓDIGO PENAL.

En 1928, bajo la dictadura de Primo de Rivera se promulgó un Código Penal que vino a sustituir al de 1870. Fue un Código extenso en exceso; nada más y nada menos que 858 artículos; el proyecto había previsto 1.074. Fue mal recibido por su severidad y rigor. Se tildó de prolijo y de un casuismo exagerado. No se discutió en el Parlamento, sino en lo que la Dictadura llamó Asamblea Nacional. La censura del momento impidió cualquier tipo de critica. Por estas y otras circunstancia se ganó el merecido nombre de “Código Gubernativo” 

En su larga exposición de motivos se decía:

(…) Condiciones de la vida moderna también, principalmente el desarrollo del automovilismo y el desenvolvimiento de ciertas profesiones, han obligado a consignar en el nuevo Código normas detalladas con las que se aspira a no dejar sin sanción ningún delito culposo y a que las víctimas de los mismos o sus sucesores no queden sin equitativa indemnización.

Uno de los temas importantes que planteó aquel Código estaba relacionado con el tráfico: el de los certificados de aptitud para conducir vehículos de motor mecánico.

El art. 575 del Código penal decía:

"El funcionario que, por no comprobar debidamente las condiciones
del conductor, expidiere certificado de aptitud para conducir o dirigir vehículos y máquinas de las expresadas en el artículo anterior, sin que realmente concurran las condiciones necesarias en el que lo solicita, será castigado con las penas señaladas en dicho artículo (dos meses y un día a un año de prisión y multa de 1.000 a 3.000 pesetas) y la de inhabilitación especial de dos a seis años si el hecho no constituyera delito más grave."

El funcionario al que se refería el artículo era el ingeniero examinador.

Alguna voz se alzó en defensa de aquellos ingenieros examinadores de Industria y de Obras públicas que eran los que estaban habilitados para aprobar o suspender a los aspirantes  conductores de vehículos con motor. Algún que otro articulista, y dentro de lo que permitía la censura del momento, escribió dando su opinión sobre el susodicho artículo 575 de aquel efímero Código Penal.

(…) A nuestro juicio, y estamos seguros de que al de los ingenieros interesados también, el rigor está bien; son pocas todas las precauciones cuando se trata de certificar aptitud para una función que, mal ejercida, representa un riesgo para todos.


(…) Exámenes rigurosos pedimos y seguimos pidiendo, y castigo para quien debiéndolos llevar con rigor no los lleve;


Es difícil admitir que ningún Tribunal examinador, ni, por supuesto, aquellos ingenieros examinadores pudieran ser responsables de otro asunto que no fuera el de verificar con rigor y con arreglo a lo preceptuado que la nota o resultado de la prueba sea proporcionada y justa a lo verificado.

Se pedía, desde la prensa, se prescribiera  con todo detalle en qué debía consistir la prueba para el “certificado de aptitud” (permiso de conducir); se pedía a los ingenieros examinadores rigor en las pruebas y se pedía castigo para quienes debiéndolas hacer con rigor no las hicieren; se pedía proceder contra el examinador que omitiera alguna condición o diera por bien hecho lo que está mal. Y se reconocía que no debe ser que los Ingenieros examinadores tengan su responsabilidad pendiente de los actos de aquel que examinó.

¡Menuda les había caído a los ingenieros examinadores! El artículo 575 del nuevo Código Penal pendía de sus cabezas cual espada de Damocles; menos mal que fue por poco tiempo. El Gobierno republicano con fecha 15 de abril de 1931, anuló el Código gubernativo y restituyó el viejo Código Penal de 1870.