Aparte de los grandes nubarrones que amenazan la supervivencia de las
autoescuelas a largo plazo, hay uno, muy cerca, que se cierne sobre ellas y que
pone en peligro una posible e inmediata recuperación económica de las mismas.
La nube negra, oscura y densa que
acecha y pronostica una gran tormenta no es otra que la convocatoria de huelga
de los examinadores para los próximos meses de junio y julio.
La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) acaba de hacer pública
la convocatoria de una serie de paros en los próximos meses de junio y julio
En primer lugar, realizarán una jornada de huelga el día 2 de junio y se
manifestarán ante la sede de la Dirección General de Función Pública (Ministerio
de Hacienda). Posteriormente, convocarán paros a partir de la última semana de
junio y todo el mes de julio para todo el colectivo examinador y en todo el
territorio nacional
Las dificultades que vienen padeciendo las autoescuelas con sus alumnos en
relación con los atrasos en los exámenes de conducir por falta de examinadores
vienen siendo denunciadas ante la Dirección General de Tráfico desde hace años
con nulos resultados. Parece ser que los responsables de solucionar el
problema, a nivel de ministros y directores generales, han seguido los pasos de
su jefe, dejar pasar el tiempo hasta que el problema se pudra y ya no haya solución
posible o la solución que se le dé no guste ni a unos (examinadores) ni a otros
(autoescuelas).
Todo el mundo sabe que el examen para el permiso de conducir es un servicio
que presta la Dirección General de Tráfico a cambio del pago de un tributo que
llamamos tasa.
El total de tasas pagadas en 2016 ascendió a 114,4 millones de euros
mientras que la plantilla de 756 examinadores le costó al Estado 23 millones de
euros.
Si un funcionario examinador es tan rentable como dice CNAE, ¿cómo es
posible tanta precariedad en el servicio de exámenes por culpa de una escasez
de funcionarios mal justificada? ¿No se esconderán detrás de todo esto inconfesables
y espurios intereses?
Soy de aquellos que creen mucho en la honradez del funcionario público de a
pie y menos en los creadores de empresas “ad hoc”. Estos últimos, creo que son
más oportunistas que servidores públicos. Y tenemos ejemplos donde elegir.
Espero, por el bien de mis ex-colegas, que alguien ponga remedio para que
el problema se solucione a satisfacción de las partes implicadas y con el menor
coste económico posible.
Mi abuelo, que era un sabio de los de antes, decía que cuando a males
viejos no se les aplica soluciones nuevas solo cabe esperar nuevos males.
